Ceuta intenta recuperar la normalidad casi un mes después de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos que convirtió a la ciudad autónoma en el epicentro de una de las mayores crisis migratorias vividas en España. La cifra que maneja actualmente el Gobierno ronda las 5.000 personas que todavía permanecen en Ceuta, después de que la inmensa mayoría de quienes llegaron durante los días 30 y 31 de julio regresaran posteriormente a Marruecos. (Cadena SER)

Pero esa cifra requiere una precisión fundamental: no se trata de 5.000 marroquíes. Entre quienes permanecen hay personas de diferentes nacionalidades y una cantidad muy importante de menores. El Gobierno ha identificado miles de menores, aunque el proceso de filiación continúa y las cifras han ido modificándose durante las últimas semanas. (Cadena SER)

Una ciudad de 84.000 habitantes bajo una presión extraordinaria

Ceuta tiene aproximadamente 84.000 habitantes y apenas 20 kilómetros cuadrados.

La presencia simultánea de varios miles de personas en situación irregular representa, por pura dimensión, una presión excepcional para una ciudad que ya dispone de recursos limitados.

La situación ha sido especialmente visible en barrios periféricos y determinados espacios públicos.

Uno de los lugares más afectados ha sido la playa de El Trampolín, donde durante semanas permanecieron cientos e incluso miles de personas.

El Gobierno realizó un operativo de traslado el 20 de agosto para sacar a unas 1.800 personas de la zona y trasladarlas a espacios temporales habilitados en Loma Margarita y Loma Colmenar. (El País)

Sin embargo, la operación no resolvió completamente el problema.

Días después, grupos de migrantes volvieron a concentrarse en la playa, dificultando incluso las labores de limpieza. (ElHuffPost)

En otros puntos, como el polígono de El Tarajal, continúan existiendo asentamientos improvisados donde algunas familias llevan semanas viviendo en condiciones precarias. (El País)

El malestar de los vecinos

La tensión social ha aumentado en determinados barrios.

En Loma Colmenar, vecinos han protagonizado protestas y han expresado públicamente su preocupación por la situación. Algunos denuncian inseguridad, deterioro de espacios públicos y una sensación de abandono por parte de las administraciones. (Telemadrid)

El malestar, sin embargo, no es uniforme.

También existen vecinos que han ayudado a los migrantes proporcionándoles comida, agua y otros recursos, y que rechazan que la situación se convierta en una confrontación entre comunidades. Medios desplazados a la zona han recogido testimonios de residentes que aseguran no haber sufrido problemas con los jóvenes migrantes. (LaSexta)

Esta diferencia resulta importante.

Ceuta no está viviendo una única realidad.

En algunas zonas existe agotamiento y preocupación; en otras, solidaridad; y en determinados puntos se ha producido una convivencia prolongada entre residentes y personas que permanecen en la calle o en asentamientos improvisados.

¿Existe realmente un aumento de la delincuencia?

Esta es una de las cuestiones que exige mayor rigor.

Durante las últimas semanas se han difundido informaciones sobre agresiones y otros delitos presuntamente cometidos por migrantes.

Existen casos concretos que están siendo investigados por las autoridades. Por ejemplo, la Policía detuvo a un hombre marroquí acusado de una agresión sexual a una joven de 22 años cerca de la zona del Trampolín. (EL ESPAÑOL)

También se han producido operaciones policiales contra redes que transportaban clandestinamente a migrantes desde Ceuta hacia la Península. Una investigación de la Policía Nacional permitió desarticular dos organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de personas. (Antena3)

Pero una cuestión es documentar delitos concretos y otra muy diferente afirmar que existe una ola delictiva provocada por todos los migrantes.

Hasta disponer de estadísticas oficiales comparables de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, no sería periodísticamente correcto atribuir a la población migrante en su conjunto un incremento determinado de la criminalidad.

Los menores: el problema más complejo

La crisis adquiere otra dimensión cuando hablamos de menores.

UNICEF ha advertido de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran miles de menores y ha criticado la lentitud del proceso de identificación y filiación. La organización estima que alrededor de 2.600 menores no acompañados requieren una respuesta específica. (Cadena SER)

El Gobierno prepara además el traslado de una parte de estos menores a la Península.

La cuestión genera un fuerte debate político.

Mientras el Ejecutivo defiende que los menores deben ser protegidos conforme a la legislación española, sectores de la oposición reclaman que también se estudie su retorno a Marruecos cuando legalmente sea posible.

La realidad jurídica es más compleja que cualquiera de las dos posiciones.

Un menor no puede ser tratado simplemente como un adulto que ha entrado irregularmente.

Debe determinarse su edad, identidad, situación familiar y circunstancias personales, y cualquier eventual retorno debe respetar el principio del interés superior del menor.

¿Y los adultos marroquíes?

Aquí se encuentra probablemente una de las principales claves para resolver la crisis.

Entre los adultos que permanecen en Ceuta hay personas que no han acreditado una necesidad de protección internacional y cuya situación podría desembocar en un procedimiento de retorno a Marruecos.

El Gobierno ha anunciado que quiere acelerar estos procedimientos.

El problema es que una devolución no puede ejecutarse simplemente porque una persona haya entrado irregularmente.

Es necesario identificarla, determinar su situación jurídica y cumplir las garantías previstas por la legislación española y europea.

Además, el retorno requiere cooperación efectiva de Marruecos.

Por eso, la pregunta fundamental es:

¿Cuántos adultos marroquíes están actualmente pendientes de devolución y cuántos han sido efectivamente retornados?

Ese dato será uno de los indicadores fundamentales para medir si la crisis está realmente resolviéndose.

Marruecos: socio imprescindible y protagonista bajo sospecha

La dimensión marroquí es inevitable.

La entrada masiva comenzó desde territorio marroquí y posteriormente Marruecos reforzó considerablemente su frontera con Ceuta ante los llamamientos realizados a través de redes sociales para nuevos intentos de entrada. (RTVE.es)

El Gobierno español mantiene oficialmente una posición de cooperación con Rabat.

Sin embargo, la crisis ha abierto preguntas sobre qué ocurrió durante las horas previas a la entrada masiva y sobre qué información manejaban las autoridades españolas y marroquíes.

Hasta ahora no existe una prueba pública concluyente que permita afirmar que el Gobierno marroquí organizó deliberadamente la entrada masiva.

De hecho, Marruecos ha atribuido la crisis a una combinación de desinformación en redes sociales, redes de tráfico de personas y malentendidos sobre la sentencia del Tribunal Supremo español relativa a las devoluciones en caliente. (RTVE.es)

Pero la cuestión política se ha complicado todavía más después de que el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, reivindicara recientemente un supuesto “derecho histórico” de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.

El Gobierno español respondió reafirmando que ambas ciudades forman parte de España y de la Unión Europea. (El País)

Ceuta no es Melilla

Otro punto que debe quedar claro es que la situación actual de ambas ciudades no es equivalente.

Ceuta concentra la crisis de mayor magnitud.

En Melilla también hubo presión migratoria a finales de julio, con más de 1.300 intentos de entrada durante los dos días de mayor presión, pero el Gobierno cifró en 260 los migrantes marroquíes que permanecían en la ciudad el 4 de agosto. (Europa Press)

Por tanto, hablar de “5.000 migrantes en Ceuta y Melilla” sería incorrecto.

La crisis actual se concentra fundamentalmente en Ceuta.

El Gobierno cambia de estrategia

Casi un mes después de la entrada masiva, el Ejecutivo ha dado un giro en su gestión.

El Consejo de Seguridad Nacional ha abordado por primera vez específicamente la situación de Ceuta y el Gobierno ha creado un mando único, dirigido por el ministro Ángel Víctor Torres, para coordinar la respuesta.

En este mecanismo participan representantes de la Ciudad Autónoma, la Delegación del Gobierno, las fuerzas de seguridad, el CNI y diferentes ministerios. (La Moncloa)

También se ha anunciado una ampliación extraordinaria de los recursos destinados a Ceuta y nuevas medidas para acelerar los retornos, reforzar la frontera y atender a los menores.

El cambio llega después de semanas de críticas desde la propia ciudad y desde la oposición por la gestión de la crisis.

Una ciudad entre la seguridad y la solidaridad

El debate ha quedado atrapado entre dos posiciones enfrentadas.

Por un lado, quienes consideran que España debe reforzar el control fronterizo y acelerar el retorno de quienes no tengan derecho a permanecer.

Por otro, quienes advierten de que la respuesta no puede vulnerar los derechos de personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.

Ambas cuestiones pueden coexistir.

Una frontera segura no es incompatible con una actuación humanitaria.

Y proteger a un menor no significa necesariamente concederle un derecho permanente de residencia en España.

La dificultad está precisamente en aplicar la ley de forma rápida, individualizada y eficaz.

El verdadero problema de fondo

La crisis de Ceuta ha demostrado una vulnerabilidad estructural.

España necesita la cooperación de Marruecos para controlar su frontera sur.

Pero Ceuta no puede absorber indefinidamente miles de personas.

Y tampoco puede trasladarse toda la responsabilidad a una ciudad de apenas 84.000 habitantes.

El Estado debe garantizar los recursos necesarios, la Unión Europea debe asumir su responsabilidad como espacio Schengen y Marruecos debe colaborar en el control fronterizo y en los procedimientos de retorno.

Mientras tanto, los vecinos tienen derecho a exigir seguridad y normalidad.

Los migrantes tienen derecho a recibir un trato digno y conforme a la ley.

Y los menores tienen derecho a protección.

Una pregunta que sigue sin respuesta

Casi un mes después de la entrada masiva, la pregunta más importante ya no es cuántas personas llegaron.

La pregunta es:

¿Por qué, casi cuatro semanas después, miles de personas siguen todavía en Ceuta sin que exista una solución definitiva?

Responderla exige mirar simultáneamente a Madrid, Ceuta y Rabat.

Y exige también determinar qué ocurrió realmente en los días previos al 30 de julio.

Porque si España no consigue saber cómo se produjo una entrada de semejante magnitud, difícilmente podrá garantizar que algo parecido no vuelva a ocurrir.

Conclusión de Onda Hispana Radio

La crisis de Ceuta no puede reducirse a una cuestión de inmigración.

Es una crisis de frontera, seguridad, convivencia, gestión administrativa, protección de menores y diplomacia con Marruecos.

El malestar de los ceutíes es real y debe ser escuchado.

También lo es la situación de vulnerabilidad de miles de personas que permanecen atrapadas en la ciudad.

La obligación de las instituciones es precisamente resolver esa contradicción: garantizar una frontera eficaz y una ciudad segura sin abandonar el Estado de Derecho.

La respuesta no puede ser ni la permisividad absoluta ni la expulsión indiscriminada.

Tiene que ser control, identificación, procedimientos rápidos, retornos cuando legalmente correspondan, protección de quienes la necesiten y recursos suficientes para que Ceuta no cargue sola con una crisis que afecta a toda España y, en última instancia, a toda la Unión Europea.

Redacción e investigación: @alejandrogonzaleztv

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